El curso escolar de los recortes
Los responsables de la Conselleria d’Educació se ufanaban esta semana de la extensión de las becas de comedor escolar a los alumnos sin recursos de la enseñanza concertada. No voy a negar que se trata de una buena noticia, que da respuesta a una justa demanda de las familias desde hace 17 años, cuando se transfirieron a la CAIB las competencias educativas.
Pero es absolutamente capcioso afirmar que esto constituye una ayuda o mejora destinada a la enseñanza concertada, porque, de hecho, los centros no van a recibir absolutamente nada más, ya que el destinatario de las becas es, lógicamente, el alumnado.
Ya sabemos que en cualquier estrategia de propaganda vale más atacar que responder, y que quien da primero, da dos veces. Esa es la lógica del altavoz aplicado a esta noticia, satisfactoria, pero menor. En Educació son conscientes de que tarde o temprano estallarán las críticas a su gestión y, mientras tanto, aprovechan para achicar agua y nos venden lo maravilloso de algunas de sus medidas.
El sector educativo en general, y la enseñanza concertada en particular, contemplan, en cambio, un escenario que jamás hubieran previsto y que ha supuesto una enorme decepción con relación a las expectativas suscitadas por la figura del conseller March y sus directores generales, profesionales cualificados del mundo educativo que provenían del mismo entorno que ahora asiste pasmado a muchas de sus decisiones. Quienes pregonaban –y, sorprendentemente, siguen pregonando, al menos, en público- el pacto educativo como instrumento de superación de desigualdades y de mejora de la calidad del sistema en su conjunto son los artífices de los recortes socialmente más injustos, arbitrarios y extensos que jamás ningún gobierno autonómico impuso al sector. Se apartan, pues, de cualquier voluntad de pacto y trabajan denodadamente por el conflicto.
Así, por ejemplo, a la mayoría de los colegios se le ha reducido la financiación destinada a la atención de alumnos con dificultades, algo que no había sucedido ni siquiera durante la peor época del nefasto gobierno de Bauzá y ello pese a que desde Educació se aluda a cifras globales engañosas, pues es cierto que hay unos pocos centros beneficiados; alguno, por cierto, con estrechos y llamativos lazos con algún cargo político del PSOE.
Ni que decir tiene que con anteriores Governs de los sucesivos Pactes siempre se había mejorado en alguna medida este capítulo de atención a alumnos con necesidades educativas específicas, tanto con el nacionalista Damià Pons, como con los socialistas Galmés y Llinàs. Lo mismo sucedió con los gobiernos del PP cuando ocuparon la cartera consellers como Fiol o Bosch. La situación es, pues, inaudita, y la queja proviene no solo del sector concertado, sino de muchas organizaciones de la enseñanza pública y del entorno social de la izquierda que, hasta ahora, han guardado un inusitado silencio, solo explicable por el color político de quienes nos gobiernan. Me consta bien fehacientemente que hasta ellos están al borde de la rebelión.
Pero los recortes no acaban ahí. Con el magnífico pretexto de la LOMCE –que el PSIB dice querer derogar, pero que no para de aplicar en su versión más rácana- se han incrementado las horas de la oferta educativa a los centros de secundaria, obligándoles a desdoblar las clases de inglés y matemáticas. Hasta aquí, fenomenal. Sin embargo, no se ha previsto un incremento proporcional del profesorado, con lo que solo en la enseñanza concertada se calcula que hacen falta más de 100 profesores adicionales, que el equipo de March ya ha aclarado que no va a financiar. Y eso solo para dar cumplimiento al horario mínimo que se impone a los centros. ¿De dónde sacarán, entonces, los colegios e institutos ese profesorado? Pues está claro, de reducir horas de apoyo para la atención a la diversidad, las de imprescindible coordinación entre las áreas, así como las destinadas a todas aquellas tareas que los centros deben llevar a cabo para que su labor docente sea eficiente.
Los que padecen en mayor medida este déficit son siempre los mismos, los alumnos más desfavorecidos socialmente y aquellos otros que reúnen caracteres personales que requieren ayuda adicional. La consecuencia es fácil de prever: Mayor desigualdad, es decir, mayor injusticia social. Todo un mérito para un gobierno socialista.
Para no salir del pasmo, y como consecuencia de estos recortes, este verano se ha producido una situación inusitada, la de despidos y reducciones de jornada a un gran número de profesores de la enseñanza concertada que, además, han minado la economía de los colegios, obligados a pagar cuantiosas indemnizaciones. Quizás era lo que Educació buscaba.
En definitiva, lo nunca visto, y quien les habla lleva 24 años negociando con la administración educativa de Balears, primero con la estatal –hasta 1997-, y luego con la autonómica.
A todo eso se suma que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Govern, amparándose falazmente en una LOMCE –sí, otra vez- que a nada le obligaba en ese sentido, ha reducido un tercio la oferta de Religión en los colegios y, como resultado, se ha autogenerado una excusa para rebajar a 80 profesores de la red pública, con sus familias, hipotecas y demás, el salario a la mitad. Todo muy progre.
En suma, sectarismo y persecución del derecho de las familias a escoger una enseñanza de acuerdo con sus convicciones, algo que está amparado por tratados internacionales y, por supuesto, por la Constitución, les guste –que no les gusta-, o no.
Si la derecha hubiera llevado a cabo una décima parte de estos recortes, las camisetas verdes teñirían otra vez el Born.
El otoño educativo va a ser caliente, sin duda. Así que vayan haciéndose a la idea de que, por más que las organizaciones del sector no cejarán en su empeño, por desgracia, con este Govern –ojalá me equivoque- tampoco va a ser posible el ansiado e imprescindible pacto educativo. Y les juro que bien lo siento.
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